Guerra en el sector de la discapacidad intelectual: Consideraciones sobre cómo hacer leña del árbol caído o cómo degradar a la Federación de Plena Inclusión Madrid.
En fechas recientes vimos cómo se anunciaba el cierre, en Pozuelo de Alarcón, de dos centros de atención diurna a personas con discapacidad intelectual y sus correspondientes recursos residenciales vinculados. Desde entonces fuimos asistiendo a distintas declaraciones y notas de prensa por parte de diferentes instancias. La filtrada por la Comunidad de Madrid, lavándose las manos y culpando a la empresa operadora del servicio, estaba dentro del guion. No podemos esperar que los políticos asuman sus responsabilidades.
La Federación de Plena Inclusión Madrid. No perdió ni un minuto en realizar una declaración pública para ofrecer su ayuda a las familias de los afectados, mostrándoles su respaldo y disposición para brindarles el apoyo necesario ante las posibles consecuencias derivadas del anuncio de la empresa, según publicó la prensa.
Plena Inclusión obvia consciente y premeditadamente el hecho de que esta mercantil se encontraba participada íntegramente por una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que ha mostrado una profesionalidad absoluta y una actitud de total compromiso con las personas con discapacidad y sus familias.
Si la gestora de estos servicios se ha visto obligada al cese de la actividad ha sido por una situación de inviabilidad económica absolutamente irreversible.
Plena Inclusión también oculta que esta entidad solicitó su adhesión a la Federación y se la rechazó negándole el pan y la sal. Quizás debamos repasar algunos antecedentes para comprender por dónde nos estamos moviendo.
en febrero de 2023, el presidente de AEMED (la patronal del sector en Madrid) compareció ante la Asamblea de Madrid para advertir de la difícil situación que atravesaban las entidades.
En la posterior nota de prensa AEMED publicaba textualmente lo siguiente:
- Juan Agudo, presidente de AEMED, Patronal Madrileña de las Especiales Dificultades, ha comparecido en la Asamblea de Madrid, a propuesta del Grupo Socialista, para denunciar la situación que está viviendo el sector de la atención a personas con discapacidad intelectual y dar a conocer los riesgos que amenazan a las familias de los usuarios de las residencias
- El déficit existente en el momento actual es de 70.000.000 € en todo el sector de atención residencial a personas con discapacidad intelectual
- La solución pasa porque los acuerdos marco sean actualizados cada dos años y no cada cuatro
- Si la Consejería de Familia, Juventud y Política Social no pone remedio a esta situación, muchas entidades se verán forzadas a cerrar sus puertas dejando de prestar sus servicios a las personas con discapacidad intelectual.
